La salud mental en España: una prioridad olvidada
La salud mental es un pilar fundamental del bienestar individual y colectivo, pero sigue siendo una asignatura pendiente en las políticas públicas. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud mental es "un estado de bienestar en el que el individuo realiza sus propias capacidades, puede hacer frente a las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad".
Sin embargo, en España, el acceso a una atención psicológica de calidad es limitado y muchas personas se ven obligadas a recurrir a servicios privados debido a las carencias del sistema público.
De acuerdo con datos del Consejo General de Psicología de España, en 2022 solo el 10% de los españoles recibieron atención psicológica a través de la sanidad pública, lo que refleja una enorme brecha en la cobertura.
Este panorama se complica aún más cuando consideramos los factores económicos, laborales y sociales que afectan la salud mental de la población española.
Los salarios bajos, la temporalidad y la precariedad laboral son constantes que agravan la sensación de ansiedad, incertidumbre e impotencia de los ciudadanos.
Con una tasa de desempleo juvenil que roza el 30%, muchos jóvenes españoles no ven más que inseguridad y desconfianza hacia un futuro que se les escapa de las manos.
Además, el coste de la vida y las dificultades para acceder a una vivienda digna han empeorado aún más esta situación, sumiendo a gran parte de la población en una espiral de estrés constante que no solo afecta a su salud mental, sino que también reduce su calidad de vida.
El problema se agrava por otro factor estructural: la crisis de la vivienda.
La precariedad laboral, la incertidumbre económica, el encarecimiento del alquiler y la falta de apoyo social han convertido la ansiedad y la depresión en enfermedades comunes en nuestra sociedad.
La tasa de pobreza en España ha alcanzado el 26,4% en 2024, lo que deja a millones de personas atrapadas en un círculo vicioso de inseguridad económica y estrés constante.
La precariedad laboral y la escasez de trabajos con condiciones dignas son factores adicionales que alimentan este círculo vicioso.
El desempleo, especialmente en los jóvenes y en los sectores más vulnerables, contribuye directamente a una mayor prevalencia de trastornos mentales, en particular de ansiedad y depresión.
Según un estudio realizado por la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD), el 40% de los jóvenes españoles considera que la situación económica y social afecta gravemente a su bienestar emocional, y casi el 50% reporta síntomas de ansiedad relacionados con su futuro laboral.
Esta angustia también se refleja en el aumento de trastornos alimentarios, como la anorexia y la bulimia, que afectan especialmente a mujeres jóvenes, pero también a hombres, un fenómeno que en gran parte es ignorado por la sociedad.
La pregunta que muchos nos hacemos es: ¿hasta cuándo podremos aguantar?
La situación es insostenible para muchos, y aunque hay esfuerzos por parte de las autoridades, la falta de medidas estructurales efectivas está prolongando el sufrimiento de miles de personas.
Cada vez es más evidente que la crisis de la salud mental no puede solucionarse sin abordar sus causas subyacentes: la precariedad económica, la falta de vivienda asequible y las desigualdades sociales.
El Plan de Salud Mental de Barcelona: entre la intención y la realidad
El Ayuntamiento de Barcelona ha desarrollado el Plan de Salud Mental 2023-2030 como continuación del plan anterior (2016-2022), con el objetivo de promover la salud mental, prevenir y atender los trastornos mentales y mejorar la calidad de vida de la población.
Según el Ayuntamiento, este plan aborda los determinantes sociales de la salud mental, garantiza servicios accesibles y prioriza a colectivos vulnerables como niños, adolescentes, personas mayores y personas sin hogar.
Es un paso positivo, pero como se puede ver en los datos actuales, la implementación sigue siendo insuficiente.
A pesar de estas iniciativas, la realidad que reflejan los datos de la Agencia de Salud Pública de Barcelona (ASPB) es preocupante. Según la Enquesta de Salut de Barcelona (2021-2022):
Infancia: El 4,4% de las niñas y el 6,8% de los niños de entre 4 y 14 años presentan mala salud mental, con mayor incidencia en familias de clase social baja.
Este dato es alarmante, ya que la infancia es un periodo crucial para el desarrollo emocional y mental.
Adolescencia: El 38,6% de las chicas y el 20,4% de los chicos presentan malestar emocional; el 24,8% de las chicas y el 18,1% de los chicos sufren mala salud mental.
Además, uno de cada cuatro adolescentes ha sufrido violencia en el ámbito escolar.
La violencia escolar y la presión social afectan profundamente la salud emocional de los jóvenes.
Personas adultas: El 31,6% de las mujeres y el 22,6% de los hombres presentan mala salud mental. El 18,1% de las mujeres y el 11,3% de los hombres consumen psicofármacos.
En 2021, se registraron 60 suicidios en la ciudad.
Estos datos reflejan la magnitud de un problema que no solo es sanitario, sino también social.
Personas mayores: El 27,8% de las mujeres y el 15,4% de los varones presentan mala salud mental. El 40% de las mujeres y el 20% de los hombres consumen psicofármacos.
En 2021, se registraron 28 suicidios en este grupo de edad.
La soledad y la falta de apoyo social son factores clave en este sector de la población.
Estos datos evidencian que el problema no solo persiste, sino que se ha agravado tras la crisis de la COVID-19, lo que plantea serias dudas sobre la efectividad de los planes municipales en la mejora real de la salud mental de la población. Si a estos problemas le sumamos la falta de recursos en el sistema público de salud, es fácil entender por qué la situación está lejos de mejorar.
Una crisis habitacional sin freno
El acceso a una vivienda digna en España se ha vuelto un privilegio inalcanzable para muchos.
Según datos recientes, en el segundo trimestre de 2024 se registraron 7.850 desahucios, un 7,8% más que en el mismo periodo del año anterior.
La mayoría fueron consecuencia del impago del alquiler.
Esto no es casualidad: el precio medio del alquiler en España ha subido un 14,7% interanual, alcanzando niveles récord. En ciudades como Madrid y Barcelona, los hogares ya destinan más del 30% de sus ingresos al pago del alquiler, un porcentaje insostenible según el Banco de España.
A pesar de que el Gobierno, en el caso de Barcelona, la Generalitat de Catalunya; ha anunciado medidas como el control de los precios del alquiler, la falta de voluntad política y la presión de los grandes propietarios inmobiliarios han dificultado su implementación efectiva.
La falta de oferta de viviendas asequibles y el incremento de la demanda ha desencadenado una especulación que no solo aumenta los precios.
También destruye la estabilidad de las familias, especialmente aquellas en situación de vulnerabilidad.
Mientras tanto, la opción de comprar una vivienda está bloqueada por la necesidad de aportar ahorros significativos y por el endurecimiento de las condiciones hipotecarias. A pesar de que en muchas zonas pagar una hipoteca cuesta menos que alquilar, el acceso a la compra es un lujo reservado para quienes cuentan con una base económica sólida, dejando a miles atrapados en un mercado de alquiler abusivo.
La juventud española se enfrenta a una difícil encrucijada, ya que muchos no pueden permitirse comprar una vivienda, pero tampoco tienen alternativas a un alquiler cada vez más caro y precario.
Además, la situación es aún más compleja para quienes no pueden acceder a viviendas sociales, ya que la oferta sigue siendo insuficiente.
La gran mayoría de los programas de vivienda social son lentos en su implementación y no logran cubrir la creciente demanda, lo que empeora aún más la situación de las personas sin hogar y las familias en riesgo de exclusión social.
Un problema que requiere soluciones estructurales
Si bien es positivo que las administraciones diseñen planes de acción para abordar la salud mental y la vivienda, la falta de recursos y la desigualdad en el acceso a los servicios siguen siendo problemas estructurales.
Para mejorar realmente la situación en España, se necesitan medidas concretas como:
Mayor inversión en salud mental pública
Para garantizar atención psicológica gratuita y de calidad.
El sistema sanitario debe ser capaz de atender a todas las personas que necesiten ayuda sin importar su nivel económico.
Regulación efectiva del precio del alquiler
Para evitar abusos y garantizar que el derecho a la vivienda no dependa de la especulación inmobiliaria.
El control de los precios debe ser una prioridad para evitar la exclusión de los sectores más vulnerables.
Ampliación del parque de vivienda pública
Para ofrecer alternativas reales a quienes no pueden acceder al mercado privado.
Esto requiere políticas públicas que promuevan la construcción de viviendas sociales
La reactivación del sector inmobiliario de una manera sostenible.
Reducción de la precariedad laboral
Especialmente en sectores feminizados y con salarios bajos.
La lucha por una remuneración digna es clave para reducir el estrés económico y la ansiedad de muchas familias.
Prevención del acoso escolar y la violencia de género
Con protocolos más efectivos en colegios y espacios de trabajo.
La violencia, tanto física como psicológica, es un factor determinante en la salud mental de muchas personas.
Reforma de la Ley de Segunda Oportunidad
Agilizando los trámites y asegurando que realmente cumpla su función de rescatar a quienes han caído en la insolvencia.
Esto permitiría que muchas personas puedan recuperar su estabilidad económica.
Acceso equitativo a las ayudas
Sin discriminación por edad, género o situación familiar.
Todos tenemos derecho a una red de seguridad social que nos proteja en tiempos de necesidad.
Nos vendieron la idea de que con esfuerzo y trabajo podríamos construir un futuro estable, pero la realidad es que cada vez somos más los que vemos cómo nuestros sueños se desmoronan por un sistema que solo beneficia a unos pocos.
No podemos permitir que esto continúe. Es hora de levantar la voz y exigir soluciones reales.
Y a los responsables de esta crisis, solo podemos parafrasear a la gran Concha (interpretado por la gran actriz Emma Pennella) de “Aquí no hay quien viva”:
"¡Váyase, señor Sánchez, váyase!”…. “¡Chorizo!”
